La captación de aguas negras será depositada al aire libre…
Esto afectará a la flora y la fauna de la región dijeron…
Exigen respeto a sus tierras ante la embestida neoliberal…
Elio Henríquez
Esto afectará a la flora y la fauna de la región dijeron…
Exigen respeto a sus tierras ante la embestida neoliberal…
Elio Henríquez
La organización denominada Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunció que el alcalde del municipio de Tila, Lamber Gregorio Gutiérrez Gómez, tiene contemplada la construcción de un sistema de captación de aguas negras, que supuestamente serán depositadas al aire libre, lo que afectará a más de mil familias.
Afirmó que ello afectaría gravemente la flora, la fauna y las aguas de ríos y arroyos, así como a los pobladores de la comunidad de Jolnixtié primera sección y de la ranchería el Castaño.
En un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el PUDEE sostuvo que el proyecto “forma parte del despojo, la destrucción e implementación de los planes del monstruo capitalista o neoliberal”.
Precisó que “conjuntamente con el comisariado ejidal y con un grupo de paramilitares ‘Paz y Justicia’, ligados a los partidos políticos del PRI, PRD Y Verde Ecologista” las autoridades pretenden iniciar la introducción de drenaje en la comunidad de Libertad Jolnixtie segunda sección.
Aseveró que la construcción del proyecto afectará un predio de una hectárea cultivada, propiedad de Francisco García Hernández, hasta “llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderables que tenía sembrados; lo insultaron y amenazaron con expulsarlo de la comunidad si no deja de construir en su terreno”.
Insistió en que según el proyecto “las aguas negras del drenaje serán almacenadas y depositadas al aire libre; después tirarlas en el arroyo que pasa en medio de nuestra comunidad de Jolnixtie primera sección y la ranchería El Castaño, desembocará en el río Paso Chinal, afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos, manantiales y mantos acuíferos”.
Lo anterior, manifestó el PUDEE, “provocará contaminación al medio ambiente, afectará las diversos especies de plantas y animales que ya están en peligros de extinción; además de que dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, bañarnos, lo que afectará a más de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico”.
La agrupación aseguró que “nunca fuimos consultado para aprobar el proyecto, con lo cual se nos está violando el derecho de autodeterminación, para el cuidado de nuestros recursos naturales y el medio ambiente”.
Por ello pidió la intervención de las autoridades competentes para que sea cancelado el proyecto, pues “no vamos a permitir a que contaminen nuestros ríos y arroyos que veníamos cuidando para uso comunitario”, así como para “evitar confrontaciones intercomunitarias”.
Exigió que se “respeten nuestros recursos de acuerdo con la Constitución políticas y la legislación federal y estatal del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”.
Remarcó: “Exigimos respeto a nuestras tierras y territorio, a nuestros recursos naturales ante la embestida de los proyectos neoliberales, cuya intención es despojarnos de nuestras tierras como pretenden en Montes Azules, en Bolom Ajaw, en Mitziton y en Jotolá”.
Afirmó que ello afectaría gravemente la flora, la fauna y las aguas de ríos y arroyos, así como a los pobladores de la comunidad de Jolnixtié primera sección y de la ranchería el Castaño.
En un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el PUDEE sostuvo que el proyecto “forma parte del despojo, la destrucción e implementación de los planes del monstruo capitalista o neoliberal”.
Precisó que “conjuntamente con el comisariado ejidal y con un grupo de paramilitares ‘Paz y Justicia’, ligados a los partidos políticos del PRI, PRD Y Verde Ecologista” las autoridades pretenden iniciar la introducción de drenaje en la comunidad de Libertad Jolnixtie segunda sección.
Aseveró que la construcción del proyecto afectará un predio de una hectárea cultivada, propiedad de Francisco García Hernández, hasta “llegaron estos grupos paramilitares a limpiar sin respeto y autorización del propietario, dejaron tirado árboles frutales y maderables que tenía sembrados; lo insultaron y amenazaron con expulsarlo de la comunidad si no deja de construir en su terreno”.
Insistió en que según el proyecto “las aguas negras del drenaje serán almacenadas y depositadas al aire libre; después tirarlas en el arroyo que pasa en medio de nuestra comunidad de Jolnixtie primera sección y la ranchería El Castaño, desembocará en el río Paso Chinal, afectando y contaminando kilómetros de ríos, arroyos, manantiales y mantos acuíferos”.
Lo anterior, manifestó el PUDEE, “provocará contaminación al medio ambiente, afectará las diversos especies de plantas y animales que ya están en peligros de extinción; además de que dejaremos de utilizar nuestras aguas para preparar nuestros alimentos, lavar la ropa, bañarnos, lo que afectará a más de mil familias, entre ellas las escuelas de nivel básico”.
La agrupación aseguró que “nunca fuimos consultado para aprobar el proyecto, con lo cual se nos está violando el derecho de autodeterminación, para el cuidado de nuestros recursos naturales y el medio ambiente”.
Por ello pidió la intervención de las autoridades competentes para que sea cancelado el proyecto, pues “no vamos a permitir a que contaminen nuestros ríos y arroyos que veníamos cuidando para uso comunitario”, así como para “evitar confrontaciones intercomunitarias”.
Exigió que se “respeten nuestros recursos de acuerdo con la Constitución políticas y la legislación federal y estatal del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”.
Remarcó: “Exigimos respeto a nuestras tierras y territorio, a nuestros recursos naturales ante la embestida de los proyectos neoliberales, cuya intención es despojarnos de nuestras tierras como pretenden en Montes Azules, en Bolom Ajaw, en Mitziton y en Jotolá”.
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