domingo, 14 de noviembre de 2010

EN MÁS DE UN SEXENIO LA CIDH ADMITIÓ EL CASO DE LOS 45 ASESINADOS EN ACTEAL

Es un paso importante para conocer la verdad…
CDH dice la CIDH encontró elementos de violencia del estado mexicano…
Ante ineficiencia el FRAYBA acudió a la CIDH…
Elio Henríquez

Después de seis años de haber sido presentada la solicitud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de los 45 indígenas tzotziles asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Agregó que ahora la CIDH estudiará los elementos aportados por los peticionarios contra el Estado mexicano “para pronunciarse sobre el fondo de estos crímenes de lesa humanidad”.
En un comunicado de prensa divulgado consideró que la decisión del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OCE) “es un paso importante para aportar al camino hacia la verdad, memoria y reparación de lo sucedido en Acteal”, hace casi 13 años.
“Este Centro de Derechos Humanos considera que la CIDH encontró elementos para admitir que el Estado mexicano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivado de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados de Acteal”, donde la víctimas ayunaban y oraban por la paz, aseveró el organismo que copresiden los obispos emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García y de Saltillo, Raúl Vera López.
Precisó que el caso —Informe 146/10-Manuel Santiz Culebra y otros ‘Masacre de Acteal‘—, se dictaminó durante el 140 período ordinario de sesiones de la CIDH, en el cual manifestó su “preocupación por la situación de derechos humanos en México”.
Expresó que “los integrantes de este Centro y la organización de la Sociedad Civil Las Abejas —a la cual pertenecían las víctimas—, recibimos con agrado la admisibilidad del caso Acteal”.
Añadió que “no cabe duda de que las últimas acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del gobierno federal y la defensa legal del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), contribuyeron a profundizar la impunidad en el caso de la masacre de Acteal”, pero “ahora el Estado mexicano en su conjunto, tendrá que responder por estos actos que buscan ocultar este crimen de Estado”.
Mediante la figura jurídica de “libertad anticipada”, el pasado 14 de octubre fueron liberados 15 indígenas que permanecían presos en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa por su presunta participación en el caso Acteal, quienes se sumaronn a 29 excarcelados el año pasado gracias a una resolución de la SCJN.
El Frayba recordó que “ante la ineficacia e ineficiencia de las instituciones de justicia en México”, en 2005 acudió ante la CIDH para pedir que se le fincara responsabilidad al Estado mexicano “por haber implementado una política de contrainsurgencia en contra de la población civil chiapaneca, en su mayoría indígena”.
Esta estrategia, abundó, “incluyó la creación, entrenamiento y respaldo a grupos civiles armados (paramilitares) que operan en los Altos y Norte de Chiapas, como lo tiene documentado este Centro de Derechos Humanos y lo confirma la investigadora Kate Doyle, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, quien lo dio a conocer desde agosto de 2009 en diversos medios de comunicación”, con base en documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés).

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