domingo, 14 de febrero de 2010

SE CUMPLIERON QUINCE AÑOS DEL INGRESO DE EJERCITO MEXICANO A ZONA ZAPATISTA

Muchos acuerdos desde ese tiempo no se han cumplido…

Ahora ya están las comunidades autónomas en el estado

Hubo varios cambios de gobernadores al estilo priísta…

Elio Henríquez

El pasado 9 de febrero se cumplieron 15 años del ingreso de las tropas del Ejército Mexicano a zonas hasta entonces controladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la selva Lacandona, lo que marcó la caída del gobernador Eduardo Robledo Rincón y dio paso a los diálogos de San Andrés.

El 9 de febrero de 1995, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León argumentó que las tropas zapatistas preparaban ataques armados, emprendió una ofensiva militar cuando la dirigencia rebelde estaba en diálogo con su gobierno reveló la supuesta identidad del Subcomandante Marcos: Rafael Sebastián Guillén Vicente, lo que el dirigente guerrillero no ha admitido. .

El EZLN, cuyos dirigentes tuvieron que huir y esconderse para evitar ser detenidos pues el gobierno federal había librado varias órdenes de aprehensión, calificó la acción de “traición”, porque estaban en un proceso de diálogo.

La tarde de ese 9 de febrero fue detenido Javier Elorriaga, quien hacía funciones de correo entre la dirigencia del EZLN y el gobierno federal, y poco después fue aprehendido Jorge Santiago, a quien el gobierno identificó como el “comandante Jacobo”. Ambos serían liberados después de algún tiempo.

Hasta el 9 de febrero de 1995 el Ejército Federal había respetado el acuerdo de las “zonas francas”, que se habían establecidos en la entrada de la selva por el lado de Ocosingo y Las Margaritas.

Con la orden de Zedillo, las tropas descendieron en paracaídas en la comunidad de Gauadalupe Tepeyac, donde el Subcomandante Marcos tenía entonces su cuartel, y al mismo tiempo avanzaron por tierra. En Nuevo Momón, Las Margaritas, presuntamente hubo un enfrentamiento o agresión en la que murió un oficial del Ejército.

Los días posteriores fueron de mucha tensión en la región, e incluso el EZLN amenazó con llevar a cabo una guerra de guerrillas si las tropas federales no paraban la ofensiva.

Cinco días después de la ofensiva, el gobierno mexicano envió una señal al grupo rebelde al hacer renunciar al gobernador Eduardo Robledo Rincón, como se estilaba en tiempos en que gobernaba el ahora ex invencible Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El EZLN no reconocía la victoria del priísta, quien fue enviado como embajador a Argentina, con el argumento de que había ganado a través de un fraude, e incluso el candidato opositor, Amado Avendaño Figueroa, había sido declarado “gobernador en rebeldía”, reconocido por los zapatistas y muchas organizaciones indígenas y sociales.

La renuncia de Eduardo Robledo desató la ira de algunos de sus seguidores, y el 19 de febrero, un grupo de los llamados “auténticos coletos” apedreó y lanzó huevos contra la curia diocesana, culpando al entonces obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, de la suerte del para entonces ex gobernador.

En su lugar fue colocado, también al estilo del PRI, Julio César Ruiz Ferro, un amigo de Zedillo Ponce de León, quien carecía de una carrera política y de la habilidad necesaria para controlar un estado que en esos días vivía una situación difícil.

En medio de la natural desconfianza de la dirigencia rebelde, continuaron los contactos y el 9 de abril, dos meses después de la ofensiva, se concretó la reunión de San Miguel, municipio de Ocosingo, donde se sentaron las bases para el diálogo que San Andrés.

Como resultado de ese encuentro se aprobó la llamada Ley para el diálogo y la conciliación en Chiapas y se creó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que estaba representada por diputados federales y senadores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión , así como un represente de los poderes ejecutivo y legislativo de Chiapas.

Al aprobarse la citada ley, y para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto, se suspendieron las órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de la república (PGR) había librado en contra de dirigentes del EZLN.

Después de reuniones y más reuniones, con la mediación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que presidía Ruiz García, donde, diez meses después –el 16 de febrero, se firmarían los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, que siguen sin cumplirse.

La falta de ejecución de esos tratados por parte del Estado Mexicano, provocó que el ELZN los pusiera en operación mediante la creación de municipios autónomos y más recientemente de las Juntas de Buen Gobierno en cinco regiones de la entidad.

Mientras las partes se sentaban a la mesa de negociaciones en San Andrés, el Ejército Mexicano implementó una “guerra sucia” en el norte de Chiapas con la creación del grupo paramilitar priísta Paz y Justicia, lo que provocó la muerte violenta de decenas de personas –tal vez más de cien--, de esa agrupación y bases de apoyo del EZLN.

La situación de violencia provocó el desplazamientos de decenas de familias de los municipios de Tila, Sabanilla y Tumbalá, principalmente, que eran los más castigados.

Además, el gobierno federal expulsó del país a tres sacerdotes extranjeros que trabajan en la diócesis de San Cristóbal y a otros ya no se les permitió ingresar cuando regresaban de sus países de origen.

La ola de violencia había roto el tejido social en la zona norte de Chiapas, una de las más marginadas y aisladas en la entidad. Una vez firmados los primeros y únicos acuerdos entre el gobierno mexicano y el EZLN y su incumplimiento por parte de la administración de Zedillo Ponce de León, el grupo rebelde suspendió el diálogo.

Fue entonces que la “guerra sucia” se trasladó también a los Altos de Chiapas, donde el EZLN contaba con numerosa base social y con uno de los llamados “Aguascalientes”, que después desaparecerían para dar paso a las Juntas de Buen Gobierno.

Fue así como llegó el 22 de diciembre de 1997 y la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, donde previamente habían sido asesinadas por lo menos 27 personas –entre zapatistas y priístas--, como resultado de una cadena de agresiones mutuas.

Ese hecho marcó la caída de Ruiz Ferro, e incluso del secretario de Gobernación Emilio Chuayffet Chemor –ahora diputado federal--, y la llegada de Roberto Albores Guillén como gobernador de Chiapas, quien dejaría el cargo en diciembre del 2000 con el mote de “croquetas” que le puso Marcos por su feroz persecución en contra de los municipios autónomos, los cuales no sólo no fueron desmantelados sino que se fortalecieron. El concluir ese trágico sexenio, en el que fueron asesinadas tal vez cientos de personas, indígenas casi en su totalidad. El PRI perdería ese año por primera vez en su historia, la presidencia de la República que quedó en manos del panista Vicente Fox.

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