RED POR LA PAZ EN CHIAPAS: LA FRONTERA CON GUATEMALA ES POROSA Y PERMEABLE

Es un lugar geo-estratégico de muchos intereses…
La corrupción es la regla en todos los niveles de funcionarios…
Todo esto genera preocupación en habitantes de la zona…

Elio Henríquez

La Red por la Paz en Chiapas, conformada por 11 organizaciones civiles, afirmó que la frontera de Chiapas con Guatemala, de una extensión de mil 100 kilómetros, es “permeable y porosa, un lugar en el que se trafica todo tipo de mercancías lícitas e ilícitas, de la misma manera que vidas y seres humanos”.

Agregó que la frontera es un punto geo-estratégico al conectar Centro y Sudamérica con el Norte del continente, lo que la convierte “en un espacio de disputa de poder en el que chocan intereses de diferentes grupos. Se denuncia que la corrupción es la regla y que se presenta en servidores públicos de todas las instituciones de gobierno”.

En un informe, señaló que la línea existe información de la presencia de “redes que se dedican a asaltar y secuestrar a los migrantes” que diariamente pasan por esa zona con rumbo a los Estados Unidos en busca de trabajo.

Sostuvo que “uno de los impactos de la migración ha sido en la estructura y funcionamiento de las familias que debido a la migración, se encuentran fragmentadas”, además de que “se ha observado la emergencia de la jefatura femenina y la triplicación de su jornada laboral al tener que encargarse del cuidado de la tierra, de los niños y de la casa”.

Manifestó que las y los migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, “padecen todos los tipos de violencia como robos, explotaciones, secuestros y extorsiones”.

Indicó que las mujeres son las primeras y mayormente afectadas en el tránsito, pues durante los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres violadas por delincuentes, por autoridades y por enganchadores de ruta, y según testimonios “Incluso al conocer la posibilidad de estos riesgos varias de ellas se inyectan anticonceptivos para no quedar embarazadas”.

La Red por la Paz en Chiapas, un espacio de análisis, reflexión y acción conformada en 2001 por 11 agrupaciones, también aseguró en el informe que con el argumento de “luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” y en el contexto de laIniciativa Mérida, municipios de la zona fronteriza de Chiapas “han vivido un recrudecimiento de las acciones militares y policiacas que han desencadenado enfrentamientos, operativos violentos, cateos ilegales, e instalación de nuevas bases y retenes” castrenses.

“El riesgo más preocupante es que en algunas de estas operaciones se vincula la falsa participación con el crimen organizado a defensores de derechos humanos, a servidores de parroquias católicas, integrantes de organizaciones civiles y líderes de organizaciones con la delincuencia organizada”, agregó en el informe elaborado después de que una misión civil de observación recorrió los municipios de Comitán, La Trinitaria , Frontera Comala y Chicomuselo, situados en la zona fronteriza con Guatemala.

“Esta situación ha generado preocupación, temor y rechazo de distintas comunidades y organizaciones civiles que han sido testigos de los altos costos de la operación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en materia de violaciones a los derechos humanos”, añadió la Red en el documento dado a conocer hoy en una conferencia de prensa, por representantes de varias de las agrupaciones que la integran.

La Red está conformada por agrupaciones como el Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, entre otras.

A agrupación manifestó que durante el recorrido que hicieron los integrantes de la misión de observación en días pasados, “constataron la permanente y cotidiana circulación de vehículos militares de tropa artillados que recorren las carreteras federales y caminos rurales y la instalación de retenes permanentes y temporales en puntos estratégicos, donde la mayoría de los vehículos detenidos son de personas que se dedican al comercio de productos del campo”.

Añadió que una de las consecuencias de la criminalización de la protesta social es que “la gente se siente sola”, por lo que una de las solicitudes más constantes durante el recorrido fue organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de construcción de paz realicen acciones de acompañamiento permanente a los proceso sociales y la situación que se vive en los municipios fronterizos.

“El hostigamiento, la persecución y las amenazas en contra de defensores, líderes sociales y civiles es una constante que se vive en las organizaciones y comunidades que reivindican distintos derechos humanos”, expresó.
Aseguró que como parte de esta “estrategia” el 27 de noviembre del año pasado fue asesinado en Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación minera en la zona, donde la empresa canadiense Black FIRE extrae barita, material utilizado para la perforación de pozos petroleros.