Hay nueve católicos heridos de bala de varios calibres…
Unos ya fueron dados de alta de los centros hospitalarios…
Otros están graves y fueron trasladados a Tuxtla…
Elio Henríquez.
Unos ya fueron dados de alta de los centros hospitalarios…
Otros están graves y fueron trasladados a Tuxtla…
Elio Henríquez.
Las autoridades de la comunidad de San Gregorio, municipio de Huixtán, informaron que no fueron seis sino nueve los católicos heridos de bala, por pobladores evangélicos a causa de diferencias debido a que estos últimos se niegan a cooperar para el mantenimiento del sistema de agua potable.
Añadieron que el ataque con armas de grueso calibre ocurrió el viernes aproximadamente a las 18 horas cuando más de 200 católicos se dirigían a cortar el servicio de agua potable a tres familias protestantes que “no respetaron el acuerdo de pagar 30 pesos” para la celebración de la fiesta de la Santa Cruz.
“Nunca imaginamos que nos iban a recibir a balazos ni que estaban armados, por eso llegamos confiados”, dijo uno representantes de la comunidad, que pidió el anonimato, mientras varios de sus compañeros declaraban ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.
Otro de los representantes del paraje donde habitan más de 200 familias, casi todas católicas, explicó que el viernes a las 14 horas se efectuó una reunión en el salón de actos para tratar la situación de cinco familias evangélicas que se negaron a pagar la cooperación al patronato de agua, el cual se encarga de la celebración la festividad del tres de mayo.
Añadió que los protestantes reiteraron en la asamblea que no iban a pagar nada y se retiraron, por lo que la mayoría católica acordó suspenderles el servicio de agua a tres familias en castigo porque “violaron el acta de acuerdo del 24 de abril en la que se convino el pago de los 30 pesos, siendo que ellos son de los que más agua usan”.
Aseveró que los más de 200 católicos se dirigían hacia la casa de Miguel Pérez Gómez, uno de los líderes de los evangélicos, y cuando estaban buscando dónde hacer el corte del agua “comenzaron a dispararnos varios hombres encapuchados desde una milpa ubicada a 30 metros”, donde la policía recogió más de 20 cartuchos percutidos de varios calibres, incluyendo de los llamados cuernos de chivo.
Al instante cayeron heridos de bala, Guillermo Bolom Bolom, Manuel Ara Moshán, Miguel Huet Moshán, Pedro Culej Gómez, Sebastián Bolom Méndez, Pedro Bolom Huet, Manuel Moshán Ara, Javier Moshán Ara y Miguel Bolom Moshán, quienes fueron trasladados al hospital regional y a la Clínica de Campo del IMSS ubicados en San Cristóbal.
Debido a su gravedad estos últimos cuatro fueron trasladados a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, mientras que los dos primeros ya fueron dados de alta. Los demás continuaban internados en esta ciudad.
Fuentes gubernamentales comentaron que cuatro mujeres, esposas de evangélicos, y cuatro menores que antes de la agresión habían viajado a la vecina comunidad de Puerto Rico, fueron rescatadas por personal de la Fiscalía Indígena cuando los católicos de San Gregorio pretendían hacerse justicia por su propia mano.
Las mujeres y las menores fueron encontradas luego de que los católicos se comunicaron a todos los parajes del municipio para dar aviso y pedir que fueran detenidos los presuntos agresores o sus familiares. Las autoridades municipales pidieron a la Fiscalía que fuera a rescatarlas, pero cuando salía del lugar, los católicos atravesaron un camión tipo volteo y una camioneta para impedirlo.
Informaron que los funcionarios de la fiscalía que llevaban las mujeres y los niños fueron retenidos de las 2 a las 5 de la madrugada, hasta que los convencieron de que las mujeres serían presentadas ante un agente del Ministerio Público.
Antes del incidente la policía estatal había detenido a Pedro Ara Pérez y Manuel Ara Moshán, dos de los presuntos agresores, pero el dirigente principal, Miguel Pérez Gómez, quien fue regidor en el ayuntamiento de Huixtán hace algunos trienios, se dio a la fuga.
“Lo que le pedimos al gobierno es que haga justicia, porque hace mucho tiempo que está el problema pero no lo han atendido”, expresaron las autoridades de San Gregorio en los corredores de la Fiscalía de Justicia Indígena. Al parecer los protestantes salieron de la comunidad para evitar alguna venganza.
Las diferencias entre católicos y evangélicos de San Gregorio se agudizaron en enero pasado, luego de que los primeros supuestamente trataron de despojar de 48 hectáreas a los protestantes.
En protesta, nueve familias de éstas instalaron un plantón frente al Palacio de Justicia del 13 de enero, pero regresaron a sus viviendas el 13 de marzo, luego de que las autoridades ejidales dominadas por católicos tradicionalistas se comprometieron a respetarles sus derechos agrarios sobre las 48 hectáreas, a cambio de que retiraran una demanda penal por daños y delitos contra la dignidad de las personas.
Antes de retornar, los evangélicos hicieron una oración para dar gracias a Dios porque el problema aparentemente se había resuelto, pero el conflicto nunca fue solucionado de fondo. El pasado 21 de abril la asamblea acordó que todos los habitantes pagaran 30 pesos para el mantenimiento del sistema de agua potable, a lo que se negaron los protestantes con el argumento de que ese dinero era para celebrar la fiesta de la Santa Cruz y que ellos no estaban obligados a participar en ella.
El 24 se efectuó una nueva reunión a la que no llegaron las autoridades estatales que habían sido convocadas, sólo el síndico de Huixtán, Andrés Guadalupe Moshán Martínez, en la que se informaría que los evangélicos habían “violado” el acta de acuerdo del 21 de abril.
Como castigo, el primero de mayo las autoridades de la comunidad detuvieron y encarcelaron durante 18 horas a dos protestantes, quienes no denunciaron los hechos ante las autoridades correspondientes. Con ese antecedente, ambos grupos llegaron a la asamblea del pasado viernes, en la que minoría evangélica ratificó que no pagaría la cuota de 30 pesos y que le hicieran como quisieran. Finalmente estalló la violencia.
Un dirigente evangélico que pidió el anonimato sostuvo que los protestantes de San Gregorio “ya no se van a dejar”, y aseveró que el viernes respondieron con armas porque “los católicos habían acordado destruir las casas como lo hicieron en la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal”.
Agregó que la postura de los protestantes es que “si no hay ley ni gobierno y las autoridades sólo protegen a los católicos, se van a defender pase lo que pase”, al tiempo que pidió a las autoridades correspondientes que investiguen los hechos del viernes, deslinden responsabilidades y apliquen el estado de derecho.
Manifestó que los católicos de varias comunidades de la zona han hecho una alianza para “agredir a los evangélicos, y el gobierno nada hace; por eso están dispuestos a defenderse”.
Al mismo tiempo responsabilizó al gobierno por haber dado solución al problema entre ambos grupos, pues hay cerca de 20 averiguaciones previas y actas administrativas iniciadas por conflictos entre católicos y evangélicos en municipios de los Altos de Chiapas.
Añadieron que el ataque con armas de grueso calibre ocurrió el viernes aproximadamente a las 18 horas cuando más de 200 católicos se dirigían a cortar el servicio de agua potable a tres familias protestantes que “no respetaron el acuerdo de pagar 30 pesos” para la celebración de la fiesta de la Santa Cruz.
“Nunca imaginamos que nos iban a recibir a balazos ni que estaban armados, por eso llegamos confiados”, dijo uno representantes de la comunidad, que pidió el anonimato, mientras varios de sus compañeros declaraban ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.
Otro de los representantes del paraje donde habitan más de 200 familias, casi todas católicas, explicó que el viernes a las 14 horas se efectuó una reunión en el salón de actos para tratar la situación de cinco familias evangélicas que se negaron a pagar la cooperación al patronato de agua, el cual se encarga de la celebración la festividad del tres de mayo.
Añadió que los protestantes reiteraron en la asamblea que no iban a pagar nada y se retiraron, por lo que la mayoría católica acordó suspenderles el servicio de agua a tres familias en castigo porque “violaron el acta de acuerdo del 24 de abril en la que se convino el pago de los 30 pesos, siendo que ellos son de los que más agua usan”.
Aseveró que los más de 200 católicos se dirigían hacia la casa de Miguel Pérez Gómez, uno de los líderes de los evangélicos, y cuando estaban buscando dónde hacer el corte del agua “comenzaron a dispararnos varios hombres encapuchados desde una milpa ubicada a 30 metros”, donde la policía recogió más de 20 cartuchos percutidos de varios calibres, incluyendo de los llamados cuernos de chivo.
Al instante cayeron heridos de bala, Guillermo Bolom Bolom, Manuel Ara Moshán, Miguel Huet Moshán, Pedro Culej Gómez, Sebastián Bolom Méndez, Pedro Bolom Huet, Manuel Moshán Ara, Javier Moshán Ara y Miguel Bolom Moshán, quienes fueron trasladados al hospital regional y a la Clínica de Campo del IMSS ubicados en San Cristóbal.
Debido a su gravedad estos últimos cuatro fueron trasladados a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, mientras que los dos primeros ya fueron dados de alta. Los demás continuaban internados en esta ciudad.
Fuentes gubernamentales comentaron que cuatro mujeres, esposas de evangélicos, y cuatro menores que antes de la agresión habían viajado a la vecina comunidad de Puerto Rico, fueron rescatadas por personal de la Fiscalía Indígena cuando los católicos de San Gregorio pretendían hacerse justicia por su propia mano.
Las mujeres y las menores fueron encontradas luego de que los católicos se comunicaron a todos los parajes del municipio para dar aviso y pedir que fueran detenidos los presuntos agresores o sus familiares. Las autoridades municipales pidieron a la Fiscalía que fuera a rescatarlas, pero cuando salía del lugar, los católicos atravesaron un camión tipo volteo y una camioneta para impedirlo.
Informaron que los funcionarios de la fiscalía que llevaban las mujeres y los niños fueron retenidos de las 2 a las 5 de la madrugada, hasta que los convencieron de que las mujeres serían presentadas ante un agente del Ministerio Público.
Antes del incidente la policía estatal había detenido a Pedro Ara Pérez y Manuel Ara Moshán, dos de los presuntos agresores, pero el dirigente principal, Miguel Pérez Gómez, quien fue regidor en el ayuntamiento de Huixtán hace algunos trienios, se dio a la fuga.
“Lo que le pedimos al gobierno es que haga justicia, porque hace mucho tiempo que está el problema pero no lo han atendido”, expresaron las autoridades de San Gregorio en los corredores de la Fiscalía de Justicia Indígena. Al parecer los protestantes salieron de la comunidad para evitar alguna venganza.
Las diferencias entre católicos y evangélicos de San Gregorio se agudizaron en enero pasado, luego de que los primeros supuestamente trataron de despojar de 48 hectáreas a los protestantes.
En protesta, nueve familias de éstas instalaron un plantón frente al Palacio de Justicia del 13 de enero, pero regresaron a sus viviendas el 13 de marzo, luego de que las autoridades ejidales dominadas por católicos tradicionalistas se comprometieron a respetarles sus derechos agrarios sobre las 48 hectáreas, a cambio de que retiraran una demanda penal por daños y delitos contra la dignidad de las personas.
Antes de retornar, los evangélicos hicieron una oración para dar gracias a Dios porque el problema aparentemente se había resuelto, pero el conflicto nunca fue solucionado de fondo. El pasado 21 de abril la asamblea acordó que todos los habitantes pagaran 30 pesos para el mantenimiento del sistema de agua potable, a lo que se negaron los protestantes con el argumento de que ese dinero era para celebrar la fiesta de la Santa Cruz y que ellos no estaban obligados a participar en ella.
El 24 se efectuó una nueva reunión a la que no llegaron las autoridades estatales que habían sido convocadas, sólo el síndico de Huixtán, Andrés Guadalupe Moshán Martínez, en la que se informaría que los evangélicos habían “violado” el acta de acuerdo del 21 de abril.
Como castigo, el primero de mayo las autoridades de la comunidad detuvieron y encarcelaron durante 18 horas a dos protestantes, quienes no denunciaron los hechos ante las autoridades correspondientes. Con ese antecedente, ambos grupos llegaron a la asamblea del pasado viernes, en la que minoría evangélica ratificó que no pagaría la cuota de 30 pesos y que le hicieran como quisieran. Finalmente estalló la violencia.
Un dirigente evangélico que pidió el anonimato sostuvo que los protestantes de San Gregorio “ya no se van a dejar”, y aseveró que el viernes respondieron con armas porque “los católicos habían acordado destruir las casas como lo hicieron en la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal”.
Agregó que la postura de los protestantes es que “si no hay ley ni gobierno y las autoridades sólo protegen a los católicos, se van a defender pase lo que pase”, al tiempo que pidió a las autoridades correspondientes que investiguen los hechos del viernes, deslinden responsabilidades y apliquen el estado de derecho.
Manifestó que los católicos de varias comunidades de la zona han hecho una alianza para “agredir a los evangélicos, y el gobierno nada hace; por eso están dispuestos a defenderse”.
Al mismo tiempo responsabilizó al gobierno por haber dado solución al problema entre ambos grupos, pues hay cerca de 20 averiguaciones previas y actas administrativas iniciadas por conflictos entre católicos y evangélicos en municipios de los Altos de Chiapas.
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