Así lo dio a conocer el Frayba en su informe 2009…
La violencia doméstica ocupa el primer lugar en el estado…
El despojo de tierra ocupa el segundo lugar citó…
Elio Henríquez
La violencia doméstica ocupa el primer lugar en el estado…
El despojo de tierra ocupa el segundo lugar citó…
Elio Henríquez
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que durante el 2009 recibió 109 denuncias de violencia contra mujeres, y destacó que “la impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por las afectadas, ya que el Estado no realiza eficazmente sus labores de investigación, y prevención y sanción”.
En su informe anual presentada esta semana, afirmó que el Estado no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales.
Precisó que de las 109 denuncias recibidas, 5 fueron por violencia sexual, 73 por violencia doméstica, 7 por violencia laboral, 10 por despojo de tierras, 5 por arbitrariedades en el sistema judicial, 3 por violencia sicológica –incluye allanamiento de morada por militares y amenazas—, 2 por muerte violenta y 4 por negligencia médica.
“Estos casos representan un número importante que ayuda a visibilizar la problemática cotidiana que viven las mujeres”, indicó y agregó que el 70 por ciento de los casos se produjeron en zonas urbanas, especialmente en esta ciudad, mientras que el resto en la zona rural de Ocosingo, Zinacantán y Venustiano Carranza.
El organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, citó el caso de una “situación de violencia institucional ejercida por el juez de ramo penal de Comitán, quien decretó auto de libertad a favor del agresor de Francisca, mujer sordomuda que fue violada sexualmente”.
Dijo que lo anterior se debido a que el juzgado no contaba con un especialista que pudiera ayudar en la comunicación para que la agraviada expresara lo que le había ocurrido, por lo que el juez –cuyo nombre no dio a conocer—, no validó su testimonio ni el resto de las pruebas.
Añadió que el presunto agresor, que “contaba con antecedentes penales, dado que había cometido anteriormente actos de violación sexual, está libre”.
Aseveró que además de éste se han observado otros casos de delitos cometidos contra mujeres que desafortunadamente han quedado impunes y ante los cuales las autoridades judiciales han negado asumir cualquier responsabilidad.
“La impunidad observada demuestra la ineficacia del aparato sancionador del Estado en cuanto al acceso por parte de las mujeres y garantías y protecciones judiciales de hecho y de derecho”, manifestó, al tiempo de señalar que “esto se debe a causas estructurales y al interés que demuestran los órganos legislativos y los sistemas de procuración y administración de justicia por mantener a la mujer en un lugar subordinado para continuar la reproducción del sistema capitalista y patriarcal”.
Insistió en que tanto en Chiapas como en el resto del país, los casos de violencia no son atendidos de manera adecuada debido a la discriminación estructural e institucional, poco visible en la práctica, de relaciones desiguales de poder que desfavorecen a las mujeres.
El organismo manifestó que en las denuncias presentadas por mujeres en situación de violencia doméstica o familiar, los jueces y agentes del Ministerio Público, al dictar sentencia o consignar, minimizan el daño sicológico en su valoración de los derechos violentados y no lo consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño.
Agregó que asimismo la autoridad procuradora de justicia, a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores o simplemente porque la sobreviviente de la violencia, no los solicita por desconocer sus derechos, y cuando el perpetrador de la agresión es un servidor público “se acentúan las omisiones”.
En su informe anual presentada esta semana, afirmó que el Estado no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales.
Precisó que de las 109 denuncias recibidas, 5 fueron por violencia sexual, 73 por violencia doméstica, 7 por violencia laboral, 10 por despojo de tierras, 5 por arbitrariedades en el sistema judicial, 3 por violencia sicológica –incluye allanamiento de morada por militares y amenazas—, 2 por muerte violenta y 4 por negligencia médica.
“Estos casos representan un número importante que ayuda a visibilizar la problemática cotidiana que viven las mujeres”, indicó y agregó que el 70 por ciento de los casos se produjeron en zonas urbanas, especialmente en esta ciudad, mientras que el resto en la zona rural de Ocosingo, Zinacantán y Venustiano Carranza.
El organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, citó el caso de una “situación de violencia institucional ejercida por el juez de ramo penal de Comitán, quien decretó auto de libertad a favor del agresor de Francisca, mujer sordomuda que fue violada sexualmente”.
Dijo que lo anterior se debido a que el juzgado no contaba con un especialista que pudiera ayudar en la comunicación para que la agraviada expresara lo que le había ocurrido, por lo que el juez –cuyo nombre no dio a conocer—, no validó su testimonio ni el resto de las pruebas.
Añadió que el presunto agresor, que “contaba con antecedentes penales, dado que había cometido anteriormente actos de violación sexual, está libre”.
Aseveró que además de éste se han observado otros casos de delitos cometidos contra mujeres que desafortunadamente han quedado impunes y ante los cuales las autoridades judiciales han negado asumir cualquier responsabilidad.
“La impunidad observada demuestra la ineficacia del aparato sancionador del Estado en cuanto al acceso por parte de las mujeres y garantías y protecciones judiciales de hecho y de derecho”, manifestó, al tiempo de señalar que “esto se debe a causas estructurales y al interés que demuestran los órganos legislativos y los sistemas de procuración y administración de justicia por mantener a la mujer en un lugar subordinado para continuar la reproducción del sistema capitalista y patriarcal”.
Insistió en que tanto en Chiapas como en el resto del país, los casos de violencia no son atendidos de manera adecuada debido a la discriminación estructural e institucional, poco visible en la práctica, de relaciones desiguales de poder que desfavorecen a las mujeres.
El organismo manifestó que en las denuncias presentadas por mujeres en situación de violencia doméstica o familiar, los jueces y agentes del Ministerio Público, al dictar sentencia o consignar, minimizan el daño sicológico en su valoración de los derechos violentados y no lo consideran como parte del tipo penal o de la reparación del daño.
Agregó que asimismo la autoridad procuradora de justicia, a menudo omite la realización de exámenes periciales, incluso habiendo lesiones, por considerarlas menores o simplemente porque la sobreviviente de la violencia, no los solicita por desconocer sus derechos, y cuando el perpetrador de la agresión es un servidor público “se acentúan las omisiones”.
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