Elio Henríquez
”Los agrocombustibles, mal llamados bioenergéticos, son una amenaza para las tierras que actualmente se cultivan con alimentos, ya que pueden sustituir superficies maiceras de productores de autoconsumo de los orientados al mercado, y sustituir a otros cultivos agrícolas, ya que legalmente no hay límites para hacerlo”, afirmaron la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Agrícolas (UNORCA) y otras agrupaciones.
“La producción de agrocombustibles va a revivir los sistemas coloniales de plantaciones, reinstalar el trabajo esclavo, aumentará significativamente el uso de agroquímicos y contribuirá a la deforestación y destrucción de la biodiversidad”, advirtieron en las conclusiones del foro “Perspectiva campesina e indígena ante el sistema agroalimentario capitalista, los agrocombustibles y los transgénicos”, que se efectuó en Villa Comaltitlán con la participación de 258 delegados.
Agregaron que “una vez más, el mayor impacto caerá sobre los países en desarrollo, ya que los países industrializados no podrán autoabastecerse de agrocombustibles y deberán importar grandes cantidades desde los países del sur”.
Manifestaron que “los transgénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado”.
Dijeron que “todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y son controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación”.
Al afirmar que las políticas gubernamentales que se aplican en Chiapas “no proponen nada”, señalaron que “el ejercicio gubernamental se ha reducido a implementar las políticas neoliberales que imponen la federación y el capital trasnacional; se presta a la utilización de las empresas trasnacionales, como Nestlé, AMSA y Starbucks, para impulsar el supuesto desarrollo de los más de 130 mil pequeños productores de café del estado”.
Subrayaron que México “se ha convertido en un importador neto de alimentos”, pues actualmente importa el 74 por ciento de arroz, 95 por ciento de soya, 24.6 por ciento de maíz, 26 por ciento de sorgo, 45 por ciento de trigo y 33 por ciento de frijol. “En general, México importa el 42 por ciento de la comida que nos alimenta a todos los mexicanos”, afirmaron.
“No son los campesinos locales quienes producen los alimentos. Esta función la están haciendo las empresas trasnacionales, a quienes el gobierno les da todas las facilidades para su instalación y funcionamiento, y margina del presupuesto público a los pequeños productores campesinos e indígenas, generando más pobreza y marginación”, remarcaron.
Demandaron al Congreso local que promueva y apruebe la Ley Estatal de Soberanía Alimentaria, y se declare a ésta como eje rector y estratégico de toda política agroalimentaria, comercial, ambiental y de desarrollo rural sustentable
Manifestaron que “es necesario que el Ejecutivo estatal constituya de manera emergente un sistema alimentario que tenga como base la producción local, sustentada en la actividad campesina y que considere todos los aspectos de producción, transformación, comercialización y distribución”.
El desarrollo rural, concluyó, “debe de considerar también la agroecología, los abonos orgánicos, la conservación de suelo, agua y oxigeno, como prioridades de su actividad y objetivos”.
“La producción de agrocombustibles va a revivir los sistemas coloniales de plantaciones, reinstalar el trabajo esclavo, aumentará significativamente el uso de agroquímicos y contribuirá a la deforestación y destrucción de la biodiversidad”, advirtieron en las conclusiones del foro “Perspectiva campesina e indígena ante el sistema agroalimentario capitalista, los agrocombustibles y los transgénicos”, que se efectuó en Villa Comaltitlán con la participación de 258 delegados.
Agregaron que “una vez más, el mayor impacto caerá sobre los países en desarrollo, ya que los países industrializados no podrán autoabastecerse de agrocombustibles y deberán importar grandes cantidades desde los países del sur”.
Manifestaron que “los transgénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado”.
Dijeron que “todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y son controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación”.
Al afirmar que las políticas gubernamentales que se aplican en Chiapas “no proponen nada”, señalaron que “el ejercicio gubernamental se ha reducido a implementar las políticas neoliberales que imponen la federación y el capital trasnacional; se presta a la utilización de las empresas trasnacionales, como Nestlé, AMSA y Starbucks, para impulsar el supuesto desarrollo de los más de 130 mil pequeños productores de café del estado”.
Subrayaron que México “se ha convertido en un importador neto de alimentos”, pues actualmente importa el 74 por ciento de arroz, 95 por ciento de soya, 24.6 por ciento de maíz, 26 por ciento de sorgo, 45 por ciento de trigo y 33 por ciento de frijol. “En general, México importa el 42 por ciento de la comida que nos alimenta a todos los mexicanos”, afirmaron.
“No son los campesinos locales quienes producen los alimentos. Esta función la están haciendo las empresas trasnacionales, a quienes el gobierno les da todas las facilidades para su instalación y funcionamiento, y margina del presupuesto público a los pequeños productores campesinos e indígenas, generando más pobreza y marginación”, remarcaron.
Demandaron al Congreso local que promueva y apruebe la Ley Estatal de Soberanía Alimentaria, y se declare a ésta como eje rector y estratégico de toda política agroalimentaria, comercial, ambiental y de desarrollo rural sustentable
Manifestaron que “es necesario que el Ejecutivo estatal constituya de manera emergente un sistema alimentario que tenga como base la producción local, sustentada en la actividad campesina y que considere todos los aspectos de producción, transformación, comercialización y distribución”.
El desarrollo rural, concluyó, “debe de considerar también la agroecología, los abonos orgánicos, la conservación de suelo, agua y oxigeno, como prioridades de su actividad y objetivos”.
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