Elio Henríquez
Mediante el desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), del miércoles a la fecha han sido liberados cuatro de los diez indígenas de la Otra Campaña , detenidos el 3 de febrero en el centro turístico cascadas de Agua Azul, después de un enfrentamiento con ejidatarios priístas de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, que dejó un muerto y dos heridos, informaron fuentes extraoficiales.
Dijeron que la noche del pasado miércoles fue liberado Pedro García Alvarado, supuestamente afectado de sus facultades mentales, quien estaba acusado de los delitos daños y atentados contra la paz y la colectividad. “Salió por el desistimiento de la acción penal no por imputabilidad”, afirmaron las fuentes.
Agregaron que entre el jueves y hoy sábado fueron excarcelados Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López y Miguel López Deara.
Manifestaron que al menor de 17 años de edad, Mariano Demeza Silvano, uno de los seis acusados que todavía están en prisión, le fue fijada una fianza de 22 mil pesos el viernes pasado, por lo que de pagar esa cantidad podría ser liberado.
Aseguraron que es probable que en los próximos días o semanas pudieran ser liberados paulatinamente los otros cinco detenidos, que se encuentran en el penal ubicado en el municipio de Playas de Catazajá, en el norte de Chiapas.
La liberación de los tzeltales ocurre después de diversas manifestaciones de protestas en varias partes del país y del anuncio de nuevas movilizaciones en México y el extranjero.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informaron que los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes de la Otra Campaña, interpusieron un amparo en contra de la construcción de la caseta de cobro que está realizando el gobierno estatal, a través de las secretarías de Infraestructura y de Hacienda, las cuales suscribieron el 13 de febrero un convenio “de manera ilegal y arbitraria pues no se consultó a la asamblea”.
Ricardo Lagunes, abogado del organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo en entrevista que la construcción de la caseta, que se disputan los dos grupos de ejidatarios, afecta los derechos colectivos del ejido San Sebastián Bachajón, como comunidad, como núcleo agrario y como pueblo indígena.
Añadió que el juzgado séptimo de distrito resolverá la demanda de amparo interpuesta en días pasados para que se suspenda de manera inmediata la construcción de la caseta en una superficie de uso común.
La disputa entre ejidatarios priístas y adherentes se agudizó el 2 de febrero pasado cuando los primeros desalojaron a los segundos de la caseta de cobro, lo que desembocó en un enfrentamiento en el que murió a balazos el priísta Marcos Moreno García, mientras que su compañero Tomás Pérez de Ara, resultó herido de bala, y uno más cuyo nombre no fue dado a conocer fue lesionado en la frente con un piedra lanzada con tirador. Como resultado un día después la policía estatal detuvo a 106 integrantes de la Otra Campaña, de los cuales 9 permanecen en prisión.
Dijeron que la noche del pasado miércoles fue liberado Pedro García Alvarado, supuestamente afectado de sus facultades mentales, quien estaba acusado de los delitos daños y atentados contra la paz y la colectividad. “Salió por el desistimiento de la acción penal no por imputabilidad”, afirmaron las fuentes.
Agregaron que entre el jueves y hoy sábado fueron excarcelados Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López y Miguel López Deara.
Manifestaron que al menor de 17 años de edad, Mariano Demeza Silvano, uno de los seis acusados que todavía están en prisión, le fue fijada una fianza de 22 mil pesos el viernes pasado, por lo que de pagar esa cantidad podría ser liberado.
Aseguraron que es probable que en los próximos días o semanas pudieran ser liberados paulatinamente los otros cinco detenidos, que se encuentran en el penal ubicado en el municipio de Playas de Catazajá, en el norte de Chiapas.
La liberación de los tzeltales ocurre después de diversas manifestaciones de protestas en varias partes del país y del anuncio de nuevas movilizaciones en México y el extranjero.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informaron que los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes de la Otra Campaña, interpusieron un amparo en contra de la construcción de la caseta de cobro que está realizando el gobierno estatal, a través de las secretarías de Infraestructura y de Hacienda, las cuales suscribieron el 13 de febrero un convenio “de manera ilegal y arbitraria pues no se consultó a la asamblea”.
Ricardo Lagunes, abogado del organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo en entrevista que la construcción de la caseta, que se disputan los dos grupos de ejidatarios, afecta los derechos colectivos del ejido San Sebastián Bachajón, como comunidad, como núcleo agrario y como pueblo indígena.
Añadió que el juzgado séptimo de distrito resolverá la demanda de amparo interpuesta en días pasados para que se suspenda de manera inmediata la construcción de la caseta en una superficie de uso común.
La disputa entre ejidatarios priístas y adherentes se agudizó el 2 de febrero pasado cuando los primeros desalojaron a los segundos de la caseta de cobro, lo que desembocó en un enfrentamiento en el que murió a balazos el priísta Marcos Moreno García, mientras que su compañero Tomás Pérez de Ara, resultó herido de bala, y uno más cuyo nombre no fue dado a conocer fue lesionado en la frente con un piedra lanzada con tirador. Como resultado un día después la policía estatal detuvo a 106 integrantes de la Otra Campaña, de los cuales 9 permanecen en prisión.
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