Piden el cumplimiento de los acuerdos firmados en minutas…
La mesa jurídica ha avanzado bastante la agraria no…
Queremos el cese de los hostigamientos de los dos gobiernos…
Elio Henríquez
La mesa jurídica ha avanzado bastante la agraria no…
Queremos el cese de los hostigamientos de los dos gobiernos…
Elio Henríquez
La Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC) pidió la intervención del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, que interceda ante las autoridades mexicanas con el fin de que “a la mayor brevedad posible, detengan la ofensiva que se cierne contra nuestra agrupación y se cumplan los acuerdos” firmados en noviembre pasado y mayo pasados.
En un documento dirigido al funcionario del organismo mundial, la agrupación pidió que si las autoridades no van a cumplir “que tengan el valor de decírnoslo para que nosotros tomemos las medidas necesarias que permitan protegernos y continuar en resistencia ante el incumplimiento de las autoridades estatales, que de nuevo podrían obligarnos al desplazamiento interno forzado y a otras acciones que deberán comprender el ámbito internacional, ya que en nuestro país no somos escuchados y atendidos, como cualquier mexicano merece”.
La OCEZ-RC recordó que en noviembre y diciembre del año pasado firmó con el gobierno estatal diferentes minutas de reconciliación y éste se comprometió a cumplir con demandas sociales, desahogo de varias demandas civiles y penales en contra de integrantes de la organización y la legalización de sus tierras, entre otras.
Añadió que la mesa jurídica ha avanzado sustancialmente, no así las mesas agraria, el pago de los daños por el desplazamiento forzado y las demandas sociales.
“Muy contrario a la solución de nuestras demandas, vemos con preocupación cómo se entreteje una nueva embestida contra nuestra organización, que ahora el gobierno del estado consiente a los grupos de terratenientes y caciques, que a partir del 27 de abril del presenta año, han emprendido coordinados con grupos paramilitares, la represión por medio de emboscadas y amenazas a nuestros diferentes grupos de la OCEZ-RC”, aseveró.
Abundó: “Creemos que es parte de la contrainsurgencia que los gobiernos federal y estatal promueven y protegen en represalia a nuestra digna lucha por la liberación de nuestros compañeros, la desmilitarización y sobre todo para que el gobierno estatal no cumpla con los acuerdos firmados en diferentes minutas de noviembre a mayo”.
La agrupación recordó que a partir del 30 de septiembre del 2009 sufrió “un embate de los gobiernos federal y estatal y como resultado de la agresión fueron detenidos, torturados y encarcelaron tres compañeros: José Manuel Hernández Martínez (Chema), Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández”.
Además, manifestó, “en un atentado la Policía Ministerial asesinó a los compañeros Jordán López Aguilar y Bayardo Hernández de la Cruz, y condenaron a una silla de ruedas a José Santos López Aguilar”, parte de que “militarizaron y catearon nuestras viviendas, obligaron al desplazamiento interno forzado a todos los hombres y mujeres de nuestra organización en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.
Sostuvo que “ante el extremo de la agresión nos vimos obligados a protegernos en las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD” como medida desesperada hasta lograr la liberación de nuestros compañeros, el retiro del Ejército Federal y la Policía Sectorial de Chiapas, el retorno hacia nuestras comunidades una vez que habíamos perdido nuestras cosechas, animales y condenados a la hambruna”.
En su carta, la agrupación indicó que hasta la fecha “vivimos en tierras de nuestros ancestros sin poder ostentar las escrituras de propiedad que nos den la seguridad de no ser desalojados por los diferentes niveles del gobierno mexicano en contubernio con los caciques y terratenientes de este estado, como sucede en otras entidades de la República con otros grupos de indígenas y campesinos”.
Concluyó: “Desde hace 15 años y debido a diferentes circunstancias, nos hemos visto en la necesidad de recuperar las tierras que por herencia nos pertenecen, con el único fin de la sobrevivencia de nuestras familias, evitando así la migración de nuestro pueblo hacia el vecino país del norte o la desintegración de nuestras familias con el éxodo hacia diferentes poblaciones del estado y a otras entidades del país”.
En un documento dirigido al funcionario del organismo mundial, la agrupación pidió que si las autoridades no van a cumplir “que tengan el valor de decírnoslo para que nosotros tomemos las medidas necesarias que permitan protegernos y continuar en resistencia ante el incumplimiento de las autoridades estatales, que de nuevo podrían obligarnos al desplazamiento interno forzado y a otras acciones que deberán comprender el ámbito internacional, ya que en nuestro país no somos escuchados y atendidos, como cualquier mexicano merece”.
La OCEZ-RC recordó que en noviembre y diciembre del año pasado firmó con el gobierno estatal diferentes minutas de reconciliación y éste se comprometió a cumplir con demandas sociales, desahogo de varias demandas civiles y penales en contra de integrantes de la organización y la legalización de sus tierras, entre otras.
Añadió que la mesa jurídica ha avanzado sustancialmente, no así las mesas agraria, el pago de los daños por el desplazamiento forzado y las demandas sociales.
“Muy contrario a la solución de nuestras demandas, vemos con preocupación cómo se entreteje una nueva embestida contra nuestra organización, que ahora el gobierno del estado consiente a los grupos de terratenientes y caciques, que a partir del 27 de abril del presenta año, han emprendido coordinados con grupos paramilitares, la represión por medio de emboscadas y amenazas a nuestros diferentes grupos de la OCEZ-RC”, aseveró.
Abundó: “Creemos que es parte de la contrainsurgencia que los gobiernos federal y estatal promueven y protegen en represalia a nuestra digna lucha por la liberación de nuestros compañeros, la desmilitarización y sobre todo para que el gobierno estatal no cumpla con los acuerdos firmados en diferentes minutas de noviembre a mayo”.
La agrupación recordó que a partir del 30 de septiembre del 2009 sufrió “un embate de los gobiernos federal y estatal y como resultado de la agresión fueron detenidos, torturados y encarcelaron tres compañeros: José Manuel Hernández Martínez (Chema), Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández”.
Además, manifestó, “en un atentado la Policía Ministerial asesinó a los compañeros Jordán López Aguilar y Bayardo Hernández de la Cruz, y condenaron a una silla de ruedas a José Santos López Aguilar”, parte de que “militarizaron y catearon nuestras viviendas, obligaron al desplazamiento interno forzado a todos los hombres y mujeres de nuestra organización en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.
Sostuvo que “ante el extremo de la agresión nos vimos obligados a protegernos en las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD” como medida desesperada hasta lograr la liberación de nuestros compañeros, el retiro del Ejército Federal y la Policía Sectorial de Chiapas, el retorno hacia nuestras comunidades una vez que habíamos perdido nuestras cosechas, animales y condenados a la hambruna”.
En su carta, la agrupación indicó que hasta la fecha “vivimos en tierras de nuestros ancestros sin poder ostentar las escrituras de propiedad que nos den la seguridad de no ser desalojados por los diferentes niveles del gobierno mexicano en contubernio con los caciques y terratenientes de este estado, como sucede en otras entidades de la República con otros grupos de indígenas y campesinos”.
Concluyó: “Desde hace 15 años y debido a diferentes circunstancias, nos hemos visto en la necesidad de recuperar las tierras que por herencia nos pertenecen, con el único fin de la sobrevivencia de nuestras familias, evitando así la migración de nuestro pueblo hacia el vecino país del norte o la desintegración de nuestras familias con el éxodo hacia diferentes poblaciones del estado y a otras entidades del país”.
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