domingo, 22 de mayo de 2011

RECOLETOS


PEPE CROCKER


ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO. Los asuntos de índole personal no revisten ningún interés periodístico –al menos para esta columna–; no obstante, adquieren preeminencia social cuando se trata de funcionarios públicos, cuando afecta substancialmente al desarrollo del gobierno y cuando los implicados van a los medios de comunicación a dirimir sus diferencias.
FUNCIONARIO PROCESADO. Según información pública, la planilla –en ese entonces– Unidad por Chiapas, propuso a Guillermo de Jesús Zozaya Bassoul como Síndico propietario; esto, aun cuando el aludido tenía impedimentos legales derivados de procesos abiertos en su contra, situación que terminó por darle procedencia a una impugnación con las consecuencias que hoy todos conocemos: no pudo ser elegible para ocupar la sindicatura del Ayuntamiento aldeano; aun así, por extraño que parezca, Zozaya Bassoul es uno de los funcionarios más cercanos a la Presidenta Municipal: labora y cobra como “asesor”.
IMPEDIMENTOS. Tanto para participar en una elección como para ser funcionario público la ley establece ciertos requisitos que Zozaya Bassoul no cumple: primero al tratar de aspirar a la sindicatura y, después, como funcionario público está pasando por alto los impedimentos legales.
CÁRCEL. En la columna Filo y Sofía de Mary José Díaz Flores, en el periódico Cuarto Poder, afirmó que “El pasado 17 de mayo, alrededor de las once de la mañana, la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvo en San Cristóbal de Las Casas a Guillermo Zozaya Bassoul, por la causa penal pendiente que tiene en el juzgado segundo de Chiapa de Corzo…”; posteriormente (21 de mayo), en el noticiario radiofónico matutino de la XEWM, Roberto Domínguez Cortés afirmó que Zozaya Bassoul había sido liberado a solicitud de la Presidenta Municipal.
MÁS DE LO MISMO. El mismo 17 de Mayo otro escándalo del mismo tipo ennegreció al grisáceo gobierno aldeano, nada más que ahora en lugar de principal asesor de la presidenta, le tocó el turno a su operador político: En un periódico de circulación local, se presentaron las pruebas de la presunta usurpación de profesión (Ingeniero) del Director de Participación Ciudadana, Gaspar Molina López. En este caso, tampoco existe una postura oficial de la Alcaldesa.
VALE DE DESPENSA. Los vales de despensa ($ 600.00) que deberían recibir los trabajadores municipales durante los primeros tres días de cada mes, se los entregaron hasta la segunda quincena de mayo y, ahora, con la novedad de que solo podrán ser canjeados en el súper ubicado enfrente del mercado José Castillo Tielemans. La inconformidad, a decir de algunos empleados, es que en ese establecimiento los precios son superiores a otros lugares.
BENEFICIO DEL CAMBIO. Según los trabajadores del municipio, antes, estos vales se podían cambiar casi en cualquier tienda de autoservicio; ahora están condicionados a un solo lugar. Se imagina el tamaño del negocio: 600 pesos por el número de trabajadores que tienen este derecho, son cientos de miles al mes… ¿y los sindicatos?
LAS AMISTADES. Cuando un funcionario público asume un puesto de importancia, durante su toma de protesta se le indica la primigenia responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. Esto es básico para vivir en lo que denominamos estado de derecho; si no se cumple, la autoridad pierde su investidura pues agrede a la sociedad, que es a quien se debe; pero en nuestra ciudad parece que lo que predomina es el amiguismo: por falta de carácter, por ineptitud o por corrupción no prevalece el estado de derecho. Los tres ejemplos anteriores así lo revelan.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Y es que mire usted: si un funcionario no reúne los requisitos legales para el puesto, si se hace pasar por quien no es o el socio quiere privilegios especiales se está abusando del puesto. Definitivamente cuando un presidente municipal llega al puesto arrastra su pasado: se le vendía madera al señor de los palos de escoba, si comparte un negocio en sociedad de tipo educativo o se deben favores poco limpios. . . todo, todo se lleva a la encomienda.
POLITIZAR. Los aludidos en casos como los tres que hoy le relatamos, suelen recurrir en su defensa a decir que se está politizando un asunto del ámbito privado. Nada más falso, cuando se utiliza dinero público para pagar sueldos o proveedores se le tiene que rendir cuentas a los ciudadanos.
¿Y LAS CUENTAS AMÁ? Ya para despedirnos, independientemente de que la Alcaldesa aldeana tendrá que fijar postura en las ilegalidades señaladas, ya se le está olvidando dar las cuentas de la reciente edición de la feria: hay demasiadas cosas que no cuadran, como casi todo en su administración; pero. . . y Usted. . . ¿Qué Piensa?


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