Elio Henríquez
La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) ofreció al gobierno de Chiapas cooperación técnica sobre la iniciativa de ley de protección de desplazados, a través de la mesa especializada de expertos en marcos jurídicos sobre desplazamiento interno, articulando las propuestas de la sociedad civil y grupos de desplazados hacia el Congreso del estado.
En un comunicado de prensa, el Programada de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que la propuesta que sobre el particular elaboró el gobernador Juan Sabines Guerrero representa “un avance innovador en protección de desplazados en México”.
Los días jueves y viernes pasados se realizó en esta ciudad el Foro de Diálogo de Paz y Desarrollo Regional con Desplazados Internos, organizado por el PNUD, en cuyas conclusiones se estableció la necesidad de crear un marco jurídico para la atención de los desplazados internos.
“A término del foro el director de la oficina de la ONU en Chiapas, Oscar Torrens, hizo una valoración positiva de los debates, la participación de las agencias de la ONU en la entidad y de las organizaciones de la sociedad civil, que representan a la población desplazada y las que trabajan con este sector”, informó el PNUD en un comunicado de prensa.
Agregó que junto con Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente de la ONU en México y Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, Torrens destacó la importancia del paso que ha dado el gobernador de la entidad, al presentar una iniciativa legislativa al Congreso en materia” de desplazados.
“La propuesta del gobernador Juan Sabines es un avance innovador en México” dijo Torrens, quien añadió que “naturalmente, habrá propuestas para enriquecer la iniciativa, en materia de participación de la sociedad civil, creación de un organismo público para la atención y protección de la población desplazada con presupuesto propio, y definición jurídica del concepto de ‘desplazado’”.
Dijo que este organismo “habrá de responder a las normas internacionales sobre la materia, en particular las recomendaciones del Relator Especial, Francis Deng”.
Señaló que “en su reunión con Magdy Martínez-Solimán, Torrens expresó la importancia de confeccionar un padrón o registro de personas y comunidades desplazadas para permitir una acción más eficaz de los poderes públicos”.
El Representante del PNUD en México expresó que “el avance legislativo en Chiapas va a marcar un nuevo umbral de protección y defensa de derechos humanos a nivel nacional, ya que es la primera vez que se reconoce la condición de persona desplazada en todos los Estados Unidos Mexicanos”.
Abundo: “Ello es, en opinión del PNUD, un aterrizaje oportuno de las recomendaciones internacionales sobre la materia, en particular de los Principios Rectores de las Personas Desplazadas de la ONU”.
Afirmó que las agencias de la ONU ofrecerán al gobierno y al Congreso del estado “trasladar las propuestas de la sociedad civil durante el proceso del debate legislativo, y asimismo hacer una lectura técnica de la iniciativa de ley a la luz de los mandatos internacionales”.
De acuerdo con el comunicado, Martínez-Solimán declaró que “es de capital importancia el reconocimiento de la responsabilidad del estado hacia la población desplazada de manera forzosa lo que redundará en la protección de sus derechos humanos por el gobierno chiapaneco”.
Finalmente, Torrens expresó que la mesa de especialistas liderada por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conformada por académicos especialistas del Instituto Mora, UAM, UNAM y CIESAS Chiapas, se instaló con el objetivo de fijar líneas estratégicas y estándares mínimos nacionales e internacionales para la elaboración de marcos jurídicos que den protección a la población en situación de desplazamiento”.
En un comunicado de prensa, el Programada de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que la propuesta que sobre el particular elaboró el gobernador Juan Sabines Guerrero representa “un avance innovador en protección de desplazados en México”.
Los días jueves y viernes pasados se realizó en esta ciudad el Foro de Diálogo de Paz y Desarrollo Regional con Desplazados Internos, organizado por el PNUD, en cuyas conclusiones se estableció la necesidad de crear un marco jurídico para la atención de los desplazados internos.
“A término del foro el director de la oficina de la ONU en Chiapas, Oscar Torrens, hizo una valoración positiva de los debates, la participación de las agencias de la ONU en la entidad y de las organizaciones de la sociedad civil, que representan a la población desplazada y las que trabajan con este sector”, informó el PNUD en un comunicado de prensa.
Agregó que junto con Magdy Martínez-Solimán, Coordinador Residente de la ONU en México y Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, Torrens destacó la importancia del paso que ha dado el gobernador de la entidad, al presentar una iniciativa legislativa al Congreso en materia” de desplazados.
“La propuesta del gobernador Juan Sabines es un avance innovador en México” dijo Torrens, quien añadió que “naturalmente, habrá propuestas para enriquecer la iniciativa, en materia de participación de la sociedad civil, creación de un organismo público para la atención y protección de la población desplazada con presupuesto propio, y definición jurídica del concepto de ‘desplazado’”.
Dijo que este organismo “habrá de responder a las normas internacionales sobre la materia, en particular las recomendaciones del Relator Especial, Francis Deng”.
Señaló que “en su reunión con Magdy Martínez-Solimán, Torrens expresó la importancia de confeccionar un padrón o registro de personas y comunidades desplazadas para permitir una acción más eficaz de los poderes públicos”.
El Representante del PNUD en México expresó que “el avance legislativo en Chiapas va a marcar un nuevo umbral de protección y defensa de derechos humanos a nivel nacional, ya que es la primera vez que se reconoce la condición de persona desplazada en todos los Estados Unidos Mexicanos”.
Abundo: “Ello es, en opinión del PNUD, un aterrizaje oportuno de las recomendaciones internacionales sobre la materia, en particular de los Principios Rectores de las Personas Desplazadas de la ONU”.
Afirmó que las agencias de la ONU ofrecerán al gobierno y al Congreso del estado “trasladar las propuestas de la sociedad civil durante el proceso del debate legislativo, y asimismo hacer una lectura técnica de la iniciativa de ley a la luz de los mandatos internacionales”.
De acuerdo con el comunicado, Martínez-Solimán declaró que “es de capital importancia el reconocimiento de la responsabilidad del estado hacia la población desplazada de manera forzosa lo que redundará en la protección de sus derechos humanos por el gobierno chiapaneco”.
Finalmente, Torrens expresó que la mesa de especialistas liderada por la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conformada por académicos especialistas del Instituto Mora, UAM, UNAM y CIESAS Chiapas, se instaló con el objetivo de fijar líneas estratégicas y estándares mínimos nacionales e internacionales para la elaboración de marcos jurídicos que den protección a la población en situación de desplazamiento”.
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