Empresa canadiense que explota minas en Chiapas…
Le ubican como defensor de tierras y territorios de pobres…
Temen que en cualquier momento se dé escalada de vilencia…
Elio Henríquez
Le ubican como defensor de tierras y territorios de pobres…
Temen que en cualquier momento se dé escalada de vilencia…
Elio Henríquez
El párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores ha recibido amenazas de muerte por oponerse a la explotación de minas que realiza en ese municipio fronterizo la empresa canadiense Blackfire, denunció la coordinación de las Comunidades Eclesiales de Bases de la diócesis local.
El sacerdote “ha sido ubicado como un actor visible en la defensa de la tierra y territorio en la región a través de la evangelización y por eso es víctima de amenazas de muerte y de una guerra sicológica”, agregó en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero.
“Las amenazas que ha sufrido forman parte de una guerra de baja intensidad por parte de actores que tienen interés en los recursos minerales de la región que son los gobiernos federal, estatal, municipal y la empresa canadienses”, aseveró.
Manifestó que al ser parte de los actores permanentes en la región de exploración y explotación minera y ser “coherente en su predicar conforme al evangelio al decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado”, el sacerdote “es un obstáculo para la minera Blackfire”.
En noviembre del año pasado fue asesinado en ese lugar, Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de varita que lleva a cabo la compañía canadiense.
La coordinación de las Comunidades Eclesiales de Base señaló que desde la llegada de la Blackfire a Chicomuselo, “se han presentado distintos problemas, producto de sus acciones depredadoras y de menosprecio a las leyes de protección del medio ambiente y a la población en su conjunto, ante la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
Añadió que durante tres años la empresa operó en Chicomuselo y fue hasta principios de 2008 cuando inició la resistencia a la explotación de barita en los ejidos Grecia y Nueva Morelia, y no fue sino hasta que ocurrió el asesinato de Abarca Roblero que el gobierno estatal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn), ‘actuó’ contra la empresa”.
Recordó que el 7 de diciembre del año pasado la dependencia clausuró temporalmente debido a que “estaba causando impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino”, ante lo cual la minera promovió el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal.
Dijo que el 30 de abril de 2010, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural, con el argumento de que de acuerdo con el artículo 27 Constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
Lo anterior, aseveró, “facilita el camino a la transnacional para que regrese ‘limpia’ de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades la región Sierra de Chiapas”.
“Este es el tipo de conflictos que siguen vigente en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, y no descartamos que en cualquier momento empiece nuevamente una escalada de violencia”, afirmó al tiempo de exigir “respeto a nuestros derechos de la libre determinación y la defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos”.
También demandó la cancelación definitiva de la exploración y explotación minera en territorio chiapaneco; que se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Abarca, y que se respete su derecho como pueblos a ser consultados.
El sacerdote “ha sido ubicado como un actor visible en la defensa de la tierra y territorio en la región a través de la evangelización y por eso es víctima de amenazas de muerte y de una guerra sicológica”, agregó en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero.
“Las amenazas que ha sufrido forman parte de una guerra de baja intensidad por parte de actores que tienen interés en los recursos minerales de la región que son los gobiernos federal, estatal, municipal y la empresa canadienses”, aseveró.
Manifestó que al ser parte de los actores permanentes en la región de exploración y explotación minera y ser “coherente en su predicar conforme al evangelio al decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado”, el sacerdote “es un obstáculo para la minera Blackfire”.
En noviembre del año pasado fue asesinado en ese lugar, Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de varita que lleva a cabo la compañía canadiense.
La coordinación de las Comunidades Eclesiales de Base señaló que desde la llegada de la Blackfire a Chicomuselo, “se han presentado distintos problemas, producto de sus acciones depredadoras y de menosprecio a las leyes de protección del medio ambiente y a la población en su conjunto, ante la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
Añadió que durante tres años la empresa operó en Chicomuselo y fue hasta principios de 2008 cuando inició la resistencia a la explotación de barita en los ejidos Grecia y Nueva Morelia, y no fue sino hasta que ocurrió el asesinato de Abarca Roblero que el gobierno estatal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn), ‘actuó’ contra la empresa”.
Recordó que el 7 de diciembre del año pasado la dependencia clausuró temporalmente debido a que “estaba causando impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino”, ante lo cual la minera promovió el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal.
Dijo que el 30 de abril de 2010, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural, con el argumento de que de acuerdo con el artículo 27 Constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
Lo anterior, aseveró, “facilita el camino a la transnacional para que regrese ‘limpia’ de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades la región Sierra de Chiapas”.
“Este es el tipo de conflictos que siguen vigente en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, y no descartamos que en cualquier momento empiece nuevamente una escalada de violencia”, afirmó al tiempo de exigir “respeto a nuestros derechos de la libre determinación y la defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos”.
También demandó la cancelación definitiva de la exploración y explotación minera en territorio chiapaneco; que se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Abarca, y que se respete su derecho como pueblos a ser consultados.
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