Dicen que hay complicidad de autoridades de justicia…
No la atendieron en instancias municipales ni ministerio público…
Exigen investigación para que caigan los culpables…
Amalia Avendaño
No la atendieron en instancias municipales ni ministerio público…
Exigen investigación para que caigan los culpables…
Amalia Avendaño
Organizaciones de apoyo a la mujer, la infancia y los indígenas expresaron su indignación por el abuso sexual y la complicidad de autoridades de justicia en el caso de una niña de 15 años ocurrido en San Cristóbal de Las Casas.
La Central de Fomento Indígena, Raíces. A.C. a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar ”Antsetic kusi Xchal a V´onton” y Melel Xojobal A.C., detallaron que el hecho ocurrió el pasado 24 de julio cuando la menor indígena tzeltal abordó un taxi local, franja roja, entre las 8:00 y 9:00 de la noche para dirigirse a su casa.
“En el trayecto, el taxista de aproximadamente 25 años de edad, se estacionó sin motivo aparente; en la cajuela del taxi salió un hombre de aproximadamente 45 años quien se acomodó en el asiento de la parte de atrás e inmediatamente le puso en la boca y nariz un trapo por lo que la dejó inconsciente. A la altura de la calle Edgar Robledo la introdujeron en otra unidad de taxi con franjas azules, (del municipio de Chamula). Al momento de recobrar la conciencia se dio cuenta que uno de ellos estaba abusando sexualmente de ella, mientras el otro le apuntaba con una pistola”.
La niña recuerda que hablaban en tzotzil pero no sabe lo que decían, aunque entendía algunas palabras. El hombre la amagó con el arma y amenazó de matarla si gritaba. Después de aproximadamente 7 horas de haberla retenido y violado, la abandonaron; antes realizaron dos disparos en dirección a ella pero no la hirieron y ella corrió para pedir auxilio. Llamó al número de emergencia 066 y la operadora aseguró que le enviaría ayuda; sin embargo esperó mucho tiempo sin que ningún tipo de ayuda ciudadana se presentara. Por lo que decidió trasladarse con sus propios medios para realizar una llamada a su familia.
En días posteriores fue a solicitar atención a instancias municipales y Ministerio Público de San Cristóbal en donde le comentaron que no podía ser atendida porque no recordaba quién realizó el ilícito, además de no contar con datos personales para dar con ellos, por lo que no realizaron ninguna averiguación previa.
Hay que sumar a la violación de la menor el agravio de no diligenciar inmediatamente la investigación de estos gravísimos delitos, más aun incurriendo en responsabilidad penal al requerirle datos imposibles de aportar como la identidad de los agresores, del vehículo u otros, dudar de ella y obstaculizar el acceso a la justicia de la que se tiene derecho.
De acuerdo con el código penal de Chiapas, estos casos deben ser atendidos con prontitud, diligencia y por personal preferentemente femenino y capacitado en estos delitos y aplicar además la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la NOM 046, a fin de prevenir la sobre-victimización de un contagio de enfermedades de transmisión sexual y/o un embarazo, convirtiéndose, por lo tanto en cómplices y coparticipes de la violación.
Las agrupaciones denunciantes exigen que además de la atención a la menor afectada, las autoridades realicen una investigación “pronta y eficaz que dé con los responsables de los actos ocurridos el día 24 de julio castigando a las personas que resulten culpables de la violación, rapto y robo a la niña indígena. Incluyendo una investigación al personal de la Fiscalía que desatendió irresponsablemente este caso fincando y deslindando la responsabilidad penal y administrativa en la que incurren”
La Central de Fomento Indígena, Raíces. A.C. a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar ”Antsetic kusi Xchal a V´onton” y Melel Xojobal A.C., detallaron que el hecho ocurrió el pasado 24 de julio cuando la menor indígena tzeltal abordó un taxi local, franja roja, entre las 8:00 y 9:00 de la noche para dirigirse a su casa.
“En el trayecto, el taxista de aproximadamente 25 años de edad, se estacionó sin motivo aparente; en la cajuela del taxi salió un hombre de aproximadamente 45 años quien se acomodó en el asiento de la parte de atrás e inmediatamente le puso en la boca y nariz un trapo por lo que la dejó inconsciente. A la altura de la calle Edgar Robledo la introdujeron en otra unidad de taxi con franjas azules, (del municipio de Chamula). Al momento de recobrar la conciencia se dio cuenta que uno de ellos estaba abusando sexualmente de ella, mientras el otro le apuntaba con una pistola”.
La niña recuerda que hablaban en tzotzil pero no sabe lo que decían, aunque entendía algunas palabras. El hombre la amagó con el arma y amenazó de matarla si gritaba. Después de aproximadamente 7 horas de haberla retenido y violado, la abandonaron; antes realizaron dos disparos en dirección a ella pero no la hirieron y ella corrió para pedir auxilio. Llamó al número de emergencia 066 y la operadora aseguró que le enviaría ayuda; sin embargo esperó mucho tiempo sin que ningún tipo de ayuda ciudadana se presentara. Por lo que decidió trasladarse con sus propios medios para realizar una llamada a su familia.
En días posteriores fue a solicitar atención a instancias municipales y Ministerio Público de San Cristóbal en donde le comentaron que no podía ser atendida porque no recordaba quién realizó el ilícito, además de no contar con datos personales para dar con ellos, por lo que no realizaron ninguna averiguación previa.
Hay que sumar a la violación de la menor el agravio de no diligenciar inmediatamente la investigación de estos gravísimos delitos, más aun incurriendo en responsabilidad penal al requerirle datos imposibles de aportar como la identidad de los agresores, del vehículo u otros, dudar de ella y obstaculizar el acceso a la justicia de la que se tiene derecho.
De acuerdo con el código penal de Chiapas, estos casos deben ser atendidos con prontitud, diligencia y por personal preferentemente femenino y capacitado en estos delitos y aplicar además la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la NOM 046, a fin de prevenir la sobre-victimización de un contagio de enfermedades de transmisión sexual y/o un embarazo, convirtiéndose, por lo tanto en cómplices y coparticipes de la violación.
Las agrupaciones denunciantes exigen que además de la atención a la menor afectada, las autoridades realicen una investigación “pronta y eficaz que dé con los responsables de los actos ocurridos el día 24 de julio castigando a las personas que resulten culpables de la violación, rapto y robo a la niña indígena. Incluyendo una investigación al personal de la Fiscalía que desatendió irresponsablemente este caso fincando y deslindando la responsabilidad penal y administrativa en la que incurren”
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