Elio Henríquez
Indígenas evangélicos d
e la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán denunciaron que las autoridades de ese paraje pretenden obligarlos a pagar cooperaciones económicas para la celebración de fiestas religiosas.
En un documento dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, manifestaron que el pasado 20 de julio fueron informados de que si no dan las cooperaciones les cortarán los servicios de agua y energía eléctrica y sus hijos no tendrán derecho a recibir educación en las escuelas públicas y sus vehículos serán “confiscados por las autoridades del lugar”.
Recordaron que el 30 de mayo del año pasado las autoridades de Nachig firmaron un acuerdo en el que “se comprometieron a respetar la libertad de creencias”, y los protestantes a aceptar cargos comunitarios y hacer pagos para actividades al servicio de la comunidad.
Aseguraron que los evangélicos “han cumplido el acuerdo al pie de la letra; hicieron los pagos de las cooperaciones comunitarias pendientes de un año como exigían las autoridades”, por lo que “posterior al acuerdo pagamos la cantidad de 49 mil 89 pesos y en diciembre volvieron a exigir 24 mil 200, haciendo un total de 73 mil 289 pesos”.
Afirmaron que “existen copias de los recibidos firmados por las autoridades del lugar por estos pagos que se realizaron. Consideramos que estos abusos cometidos en contra de nuestra comunidad cristiana rebasan todo criterio de tolerancia, pues aun cuando nosotros pagamos las cuotas mencionadas, las autoridades de Nachig no nos han dado agua hasta la fecha”.
Los protestantes pidieron al mandatario que intervenga para “para dar una solución a la problemática”, pues existe el riesgo de que sean desplazados de la comunidad.
Por otra parte, unos 200 indígenas de esa misma comunidad, desplazados desde hace casi un mes, junto con pobladores de Chilil, municipio de Huixtán, también desplazados, realizaron una marcha en el centro de San Cristóbal y un breve plantón frente a la oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los inconformes entregaron un documento a Oscar Torrens, responsable de la oficina, en el que piden su intervención para que se cree las condiciones para su retorno.
e la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán denunciaron que las autoridades de ese paraje pretenden obligarlos a pagar cooperaciones económicas para la celebración de fiestas religiosas.En un documento dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, manifestaron que el pasado 20 de julio fueron informados de que si no dan las cooperaciones les cortarán los servicios de agua y energía eléctrica y sus hijos no tendrán derecho a recibir educación en las escuelas públicas y sus vehículos serán “confiscados por las autoridades del lugar”.
Recordaron que el 30 de mayo del año pasado las autoridades de Nachig firmaron un acuerdo en el que “se comprometieron a respetar la libertad de creencias”, y los protestantes a aceptar cargos comunitarios y hacer pagos para actividades al servicio de la comunidad.
Aseguraron que los evangélicos “han cumplido el acuerdo al pie de la letra; hicieron los pagos de las cooperaciones comunitarias pendientes de un año como exigían las autoridades”, por lo que “posterior al acuerdo pagamos la cantidad de 49 mil 89 pesos y en diciembre volvieron a exigir 24 mil 200, haciendo un total de 73 mil 289 pesos”.
Afirmaron que “existen copias de los recibidos firmados por las autoridades del lugar por estos pagos que se realizaron. Consideramos que estos abusos cometidos en contra de nuestra comunidad cristiana rebasan todo criterio de tolerancia, pues aun cuando nosotros pagamos las cuotas mencionadas, las autoridades de Nachig no nos han dado agua hasta la fecha”.
Los protestantes pidieron al mandatario que intervenga para “para dar una solución a la problemática”, pues existe el riesgo de que sean desplazados de la comunidad.
Por otra parte, unos 200 indígenas de esa misma comunidad, desplazados desde hace casi un mes, junto con pobladores de Chilil, municipio de Huixtán, también desplazados, realizaron una marcha en el centro de San Cristóbal y un breve plantón frente a la oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los inconformes entregaron un documento a Oscar Torrens, responsable de la oficina, en el que piden su intervención para que se cree las condiciones para su retorno.
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