Desde hace décadas el movimiento de mujeres y feminista proclaman el 8 de marzo como día internacional de las mujeres; es importante aclarar que no se trata de “festejar” como los medios de comunicación quieren hacer creer, comparando este día con el “día del amor” o el popular “día de las madres”, promoviendo el consumismo, regalando flores, chocolates y peluches; no se trata este día de “ensalzar” a las mujeres con halagos cursis y poco significativos. El 8 de marzo es un día de lucha política.
Este día se convoca a todas las personas, mujeres y hombres, de todos los sectores a voltear su mirada hacia la situación en la que las mujeres se encuentran. Aunque sin duda el trabajo y la lucha de feministas han logrado importantísimos avances, esta lucha ha enfrentado fuertes resistencias, han nadado contra la corriente y sobre todo contra posiciones fundamentalistas que históricamente se han opuesto a la transformación y liberación de las mujeres.
México por supuesto no está exento de encontrar estas posiciones y poderes en contra de los derechos de las mujeres. Este año es necesario hacer énfasis en el grave retroceso que los derechos de las mujeres están sufriendo a través de una cruzada fundamentalista que desde hace más de un año han promovido la criminalización de las mujeres que por diversas razones han interrumpido un embarazo, a través de leyes que hacen a un lado los compromisos que nuestro país ha firmado con relación a los derechos de las mujeres.
Chiapas no se escapó de este retroceso; el 18 de diciembre de 2009, fue aprobada por unanimidad una ley que además, disfrazada de proteger a las mujeres, viola el derecho inalienable que tienen a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, ley que fue aprobada de una manera por demás desaseada, ocultada a los ojos públicos, a espaldas de las mujeres, encubriendo intereses que nada tienen que ver con el respeto a la vida como tanto proclaman quienes, pisoteando el estado laico, se cubren con el “manto sagrado” de una visión fundamentalista que pretende mantener la posición subordinada de las mujeres.
Para muestra de lo “mañoso” de esta ley, basta con conocer sus fundamentos dados a conocer en el boletín oficial del Congreso del Estado, que a la letra dicen:
“En el pleno del Congreso, se dejó en claro que las reformas reconocen y están apegadas a tratados y acuerdos internacionales que consagran derechos de la mujer y de los no nacidos, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Pacto de San José”
Lo que no mencionan en una omisión claramente intencional y perversa, es que por un lado, México firmo el Pacto de San José en el marco de aquellas leyes que permitían la pena de muerte como castigo, lo que se puede ver al revisar el artículo 4º del mencionado pacto, denominado “El derecho a la vida”:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves…
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos…
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito…
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía....
Así también, nuestros flamantes congresistas ignoran y se abstienen de mencionar que nuestro país firma ese convenio, con la reserva siguiente:
“Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión "en general" usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción", ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”.
Lo que significa que los congresistas chiapanecos se amparan en un párrafo con el que México, cuando firmo el Pacto de San José, no consideró obligatorio y por tanto, no se comprometió.
Por el contrario con la aprobación de esta ley se están violando flagrantemente los derechos de las mujeres, consagrados en tratados firmados y ratificados por nuestro país, por mencionar algunos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y los Objetivos del Milenio, que incluso forman parte ya de la constitución chiapaneca (objetivo 3: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer y objetivo 5: mejorar la salud materna)
Asimismo, en el plan de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, se indica que los derechos reproductivos:
«se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y, responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos, y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. En el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia».
Esto es, el derecho de la mujer a decidir sobre si la maternidad es una opción en su vida y cuándo desea hacerlo, es la esencia de los derechos reproductivos.
Esto hace indispensable, que este 8 de Marzo, en conmemoración del día internacional de las mujeres, insistamos en el respeto irrestricto a sus derechos y que demandemos, mujeres y hombres, alto a cualquier acción que abone a su retroceso.
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