Noventa comunidades firman estar de acuerdo….
Otros dicen que no es buena la calidad de las mismas…
Los demás señalan que inflaron los costos…
Elio Henríquez
Otros dicen que no es buena la calidad de las mismas…
Los demás señalan que inflaron los costos…
Elio Henríquez
Los agentes rurales de 90 comunidades del municipio de Chenalhó afirmaron que los parajes beneficiados con la pavimentación del tramo ubicado entre Tzanembolom y Cruztón “están conformes con las obras que recibieron en el período 2002—2004”.
En un documento dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, manifestaron que la asamblea acordó que si las autoridades estatales correspondientes autorizan que un perito independiente haga las mediciones respectivas para determinar si el tramo tiene la longitud reportada en el informe final, se integre una comisión de la dirección de municipal de Obras Públicas y del ayuntamiento de Chenalhó, además de la delegación de gobierno.
El pasado 8 de febrero habitantes del municipio de Chenalhó pidieron al agente del Ministerio Público Investigador que autorizara un perito en caminos, acompañara a un perito independiente, para medir la distancia de tres tramos carreteros que fueron pavimentados en ese lugar durante la administración municipal 2002-2004, pues existen datos de que no cuentan con la longitud reportada por las autoridades que encabezó el ahora ex alcalde, Armando Vázquez Gómez y por lo tanto los costos fueron “inflados”.
Afirmaron que en las presuntas anomalías está involucrado el actual presidente municipal de Chenalhó, Enrique Ruiz Ruiz, quien fungió como síndico durante la administración mencionada, además de Mariano Hernández Pérez, quien se desempeñó como tesorero municipal. Los hechos están asentados en la averiguación previa 149/2007-12.
A mediados de este mes, José Guadalupe Pineda Aguilar, abogado de un grupo de habitantes inconformes con la calidad de las obras, denunció que las autoridades de Chenalhó “obstaculizan” la investigación con la que buscan comprobar que tres tramos carreteros que fueron pavimentados en ese lugar durante la administración municipal 2002-2004, “no cuentan con la longitud reportada” y por lo tanto los costos fueron “inflados”.
Aseguró que pobladores de la zona impidieron que el ingeniero José Castro Martínez, perito designado por la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos por Servidores Públicos hiciera las mediciones correspondientes en uno de los tramos y luego fue amenazado en su casa ubicada en San Cristóbal para que no presentara el dictamen, por lo que renunció con el argumento de que su vida corría peligro.
En respuesta a todo lo anterior, 90 agentes rurales, que están del lado de las autoridades municipales, firmaron la carta que fue enviada a Sabines Guerrero, en la que manifiestan: “Esta asamblea general de agentes municipales reconoce que en el período 2002-2004, presidido por Armando Vázquez Gómez, las obras que fueron realizadas se encuentran debidamente requisitadas con expedientes técnicos autorizados por la Secretaría de Planeación del gobierno del estado”.
Agregaron que cuando fueron entregadas las obras, las comunidades beneficiadas manifestaron “su entera satisfacción, ya que se realizaron con los lineamientos que la autoridad competente determinó en su momento”, y por lo cual los órganos correspondientes “determinaron que todas las obras construidas en el período 2002-2004 fueron solventadas cien por ciento”.
No obstante reconocieron que debido a que el pavimentó se deterioró rápidamente (se entiende que por la mala calidad de la obra), las comunidades beneficiadas solicitaron su rehabilitación a la administración municipal 2005-2007, y “nuevamente recibieron de conformidad”.
Al mismo tiempo expresaron su inconformidad porque Manuel Pérez Ruiz, quien interpuso la demanda penal correspondiente en contra de las ex autoridades municipales, “se está involucrando en la vida social de estas localidades”, aunque agregan: “Si bien es cierto que existiera alguna inconformidad por obras inconclusas o gastos excesivos, será la misma comunidad la que tome las acciones ante las instancias correspondientes y no una persona que se encuentra viviendo en San Cristóbal de Las Casas desde 1997”.
Dijeron que en la asamblea de agentes efectuada el pasado 2 de marzo se acordó invitar a Manuel a que se presente en la siguiente asamblea para que manifieste su inconformidad, ya que “las comunidades recibieron las obras conforme a lo plasmado en los expedientes técnicos”.
Informaron que ha pedido al ayuntamiento que “agilice la rehabilitación del camino rural de Cruztón a Balumtun, “pero para que esté en posibilidades de autorizarlo necesariamente se tiene que conocer si se va a seguir integrando la demanda” penal 149/2007-12.
En un documento dirigido al gobernador Juan Sabines Guerrero, manifestaron que la asamblea acordó que si las autoridades estatales correspondientes autorizan que un perito independiente haga las mediciones respectivas para determinar si el tramo tiene la longitud reportada en el informe final, se integre una comisión de la dirección de municipal de Obras Públicas y del ayuntamiento de Chenalhó, además de la delegación de gobierno.
El pasado 8 de febrero habitantes del municipio de Chenalhó pidieron al agente del Ministerio Público Investigador que autorizara un perito en caminos, acompañara a un perito independiente, para medir la distancia de tres tramos carreteros que fueron pavimentados en ese lugar durante la administración municipal 2002-2004, pues existen datos de que no cuentan con la longitud reportada por las autoridades que encabezó el ahora ex alcalde, Armando Vázquez Gómez y por lo tanto los costos fueron “inflados”.
Afirmaron que en las presuntas anomalías está involucrado el actual presidente municipal de Chenalhó, Enrique Ruiz Ruiz, quien fungió como síndico durante la administración mencionada, además de Mariano Hernández Pérez, quien se desempeñó como tesorero municipal. Los hechos están asentados en la averiguación previa 149/2007-12.
A mediados de este mes, José Guadalupe Pineda Aguilar, abogado de un grupo de habitantes inconformes con la calidad de las obras, denunció que las autoridades de Chenalhó “obstaculizan” la investigación con la que buscan comprobar que tres tramos carreteros que fueron pavimentados en ese lugar durante la administración municipal 2002-2004, “no cuentan con la longitud reportada” y por lo tanto los costos fueron “inflados”.
Aseguró que pobladores de la zona impidieron que el ingeniero José Castro Martínez, perito designado por la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos por Servidores Públicos hiciera las mediciones correspondientes en uno de los tramos y luego fue amenazado en su casa ubicada en San Cristóbal para que no presentara el dictamen, por lo que renunció con el argumento de que su vida corría peligro.
En respuesta a todo lo anterior, 90 agentes rurales, que están del lado de las autoridades municipales, firmaron la carta que fue enviada a Sabines Guerrero, en la que manifiestan: “Esta asamblea general de agentes municipales reconoce que en el período 2002-2004, presidido por Armando Vázquez Gómez, las obras que fueron realizadas se encuentran debidamente requisitadas con expedientes técnicos autorizados por la Secretaría de Planeación del gobierno del estado”.
Agregaron que cuando fueron entregadas las obras, las comunidades beneficiadas manifestaron “su entera satisfacción, ya que se realizaron con los lineamientos que la autoridad competente determinó en su momento”, y por lo cual los órganos correspondientes “determinaron que todas las obras construidas en el período 2002-2004 fueron solventadas cien por ciento”.
No obstante reconocieron que debido a que el pavimentó se deterioró rápidamente (se entiende que por la mala calidad de la obra), las comunidades beneficiadas solicitaron su rehabilitación a la administración municipal 2005-2007, y “nuevamente recibieron de conformidad”.
Al mismo tiempo expresaron su inconformidad porque Manuel Pérez Ruiz, quien interpuso la demanda penal correspondiente en contra de las ex autoridades municipales, “se está involucrando en la vida social de estas localidades”, aunque agregan: “Si bien es cierto que existiera alguna inconformidad por obras inconclusas o gastos excesivos, será la misma comunidad la que tome las acciones ante las instancias correspondientes y no una persona que se encuentra viviendo en San Cristóbal de Las Casas desde 1997”.
Dijeron que en la asamblea de agentes efectuada el pasado 2 de marzo se acordó invitar a Manuel a que se presente en la siguiente asamblea para que manifieste su inconformidad, ya que “las comunidades recibieron las obras conforme a lo plasmado en los expedientes técnicos”.
Informaron que ha pedido al ayuntamiento que “agilice la rehabilitación del camino rural de Cruztón a Balumtun, “pero para que esté en posibilidades de autorizarlo necesariamente se tiene que conocer si se va a seguir integrando la demanda” penal 149/2007-12.
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