Firman minuta de diez puntos ambos grupos…
El gobierno estatal reparará daños de evangélicos…
Habrá intercomunicación entre los grupos para llegar acuerdos…
Elio Henríquez
Finalmente, los habitantes católicos y evangélicos de la comunidad de Los Llanos, municipio de San Cristóbal, firmaron
un acuerdo que podría, sino pone fin a sus diferencias, por lo menos lograr una convivencia con menos confrontación.
El convenio se logró después de la quema de 13 casas propiedad de los protestantes y varias marchas de éstos, de la detención un dirigente católico, el bloqueo en dos ocasiones de la carretera San Cristóbal—Palenque y la retención de seis trabajadores federales. Todo esto en menos de tres semanas.
El problema entre ambos grupos –el de los evangélicos es minoritario pues está compuesto únicamente por cinco familias—se agudizó el 13 de enero pasado, cuando los católicos destruyeron 13 casas del grupo contrario.
Ese mismo día, encabezadas por su dirigente, Esdras Alonso González, las familias afectadas instalaron junto con indígenas de otras comunidades, un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir que fueran castigados los culpables y la reparación de los daños.
En los días posteriores hubo por lo menos tres marchas por las calles de la ciudad, con la participación de unos 400 evangélicos para presionar a las autoridades.
Al mismo tiempo, en Los Llanos la asamblea ejidal se radicalizaba al acordar que no se permitiría el retorno de los protestantes y que mejor fueran reubicados en otro sitio.
El fondo del conflicto no sólo religioso sino agrario y político. Los dos grupos se disputan el control de la explotación de madera en el ejido, como ocurre en otras comunidades de la región.
La situación dio un vuelco el 28 de enero cuando la policía estatal detuvo en San Cristóbal, a Juan Gómez Díaz, ex agente municipal de Los Llanos, acusado de ser uno de los autores intelectuales y materiales de la destrucción de un templo evangélico, ocurrido en mayo del año pasado, y de las 13 casas el 13 de enero. La detención fue celebrada por los protestantes.
De inmediato sus compañeros respondieron y el sábado de la semana pasada bloquearon la carretera San Cristóbal—Palenque para exigir su liberación. Ese día por la noche en una primera reunión entre las autoridades estatales y las de la comunidad, sin muchos avances.
El martes 2 de febrero, Día de La Candelaria, nuevamente cientos de católicos de Los Llanos cerraron el paso en la misma carretera. Esta vez de manera total, sin permitir el tránsito de ningún vehículo.
Prácticamente al empezar el bloqueo fueron retenidos seis trabajadores federales: Edgar Álvarez García, Alejandra Azucena García Granajo y José Bernardino Toscano –de este último era su primer día de trabajo--, de la Sedesol ; Jesús Zepeda Velásquez y Rusbel Monzón, de la Comisión Nacional Forestal, Carlos Alberto Bustillo, del Grupo de Protección al Migrante (Beta).
Entonces vino la presión de las autoridades federales para que fuera liberado su personal.
A las 5 de la tarde el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, ya estaba recibiendo a una comisión de representantes de Los Llanos para entregarles a Gómez Díaz, que estaba arraigado en la finca Pitiquito. Con ello, la carretera fue desbloqueada a la media noche y los trabajadores federales liberados.
Ello dio paso a una nueva reunión de trabajo entre los dos grupos y las autoridades federales el pasado viernes, en el palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.
De esta forma, ya por la tarde, se firmó un acuerdo entre los católicos y evangélicos para tratar de poner fin a sus diferencias, que los han enfrentado en los meses recientes.
En el acuerdo de 10 puntos los católicos expresaron su voluntad para que regresen a la comunidad las cinco familias evangélicas que el pasado 13 de enero se auto-desplazaron por temor a ser agredidas, luego de que el grupo contrario les destruyó 13 casas.
Los protestantes a su vez, se comprometieron a respetar el reglamento interno del ejido “siempre y cuando no violente sus derechos elementales”.
Los dos grupos convinieron en presentar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el respectivo desistimiento de todas las denuncias penales.
Los evangélicos también se comprometieron a levantar el plantón que desde el 13 de enero pasado instalaron frente al Palacio de Justicia, con sede en San Cristóbal para exigir que se aplicara la ley y se repararan los daños ocasionados a sus bienes.
Acerca de este punto, Esdras Alonso informó que poco antes de las 19 horas del viernes las cinco familias de Los Llanos que estaban en el plantón, se retiraron y se fueron al albergue que tiene la Iglesia Alas de Águila en esta ciudad.
Sin embargo, aclaró que frente al Palacio de Justicia todavía permanecerían en plantón siete familias de la comunidad de Shulvó, municipio de Zinacantán y otras de San Gregorio Las Casas, Huixtán, que tienen sus propias demandas.
El documento suscrito en la capital del estado luego de varias horas de reunión, establece que los dos grupos “acuerdan que en un período de tres meses se llevarán a cabo talleres de convivencia, en los cuales habrá de participar la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, con el ánimo de fortalecer las relaciones internas en la comunidad”.
De igual forma se asentó que las partes “manifiestan su buena voluntad en las suscripción de estos acuerdos y privilegiar el respeto y la tolerancia a la libertad de creencias y de culto”.
Se estableció que cualquier controversia entre las partes será analizada y revisada conjuntamente en la mesa de atención acordada para el efecto.
En los acuerdos se asentó el gobierno del estado, “como muestra de buena fe y para abonar a la tranquilidad y convivencia social, hará entrega a las cinco familias afectadas, de los materiales para la rehabilitación de sus viviendas conforme al dictamen y peritaje de avalúo de daños emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Se convino en que el próximo martes a las 10 horas en el palacio de Gobierno se efectuará una nueva reunión entre los dos grupos, para dar seguimiento a los acuerdos.
Además de los representantes de los dos grupos, en el encuentro participaron Néstor Escobar Roque y Luz Hortensia Escobar Matuz, fiscal y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Grupos Sensibles y Vulnerables, respectivamente; Horacio Schroeder, director de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, y Mario Urbina López, director operativo de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno del estado.
Los evangélicos dijeron que en la reunión del martes se precisará la fecha de su retorno, ya que primero tienen que ser reparadas sus viviendas. Afirmaron que cuando vinieron el 13 de enero eran 30 personas, pero que durante su estancia en estos días nació un bebé.
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